Desde el Congreso, Morena actúa con responsabilidad institucional ante hechos inéditos y refrenda compromiso con el Estado de Derecho

Ante un contexto inédito y de alta relevancia institucional, se actuó con responsabilidad, oportunidad y apego estricto al marco constitucional, respondiendo a las exigencias del momento histórico que vive la entidad.

Durante la Sesión Pública Extraordinaria número 143, el Congreso del Estado dio trámite al comunicado del titular del Poder Ejecutivo estatal, mediante el cual solicitó licencia temporal por más de 30 días a su encargo, lo que derivó en el procedimiento constitucional correspondiente para garantizar la continuidad institucional.

En ese sentido, el Poder Legislativo aprobó dicha licencia y procedió al nombramiento de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina del estado de Sinaloa, conforme a lo establecido en la Constitución local, al tratarse de una ausencia temporal mayor a 30 días.

En conferencia, la diputada Tere Guerra destacó que la decisión del titular del Ejecutivo de separarse del cargo para someterse a las investigaciones correspondientes fortalece el debido proceso y envía un mensaje claro de respeto al Estado de Derecho. Asimismo, subrayó que ninguna persona puede ser declarada culpable sin pruebas, reiterando que la presunción de inocencia es un principio constitucional que debe prevalecer.

Desde Morena, enfatizamos que este proceso no surge de manera aislada, sino en un contexto complejo que el estado ha venido enfrentando, y que exige actuar con altura política, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. En este sentido, reconocemos la coordinación entre poderes para garantizar gobernabilidad, estabilidad y continuidad en la administración pública.

Reiteramos la defensa de la soberanía nacional y el derecho de las instituciones mexicanas a conducir las investigaciones correspondientes, sin injerencias externas, privilegiando siempre el marco constitucional.

Desde el Congreso del Estado de Sinaloa, mantenemos firme nuestra convicción de actuar con responsabilidad, transparencia y en estricto apego a la ley, garantizando que las decisiones públicas se tomen siempre en beneficio del pueblo y en defensa de las instituciones democráticas.