Por unanimidad, el Congreso del Estado de Sinaloa aprob\u00f3 reformas a la Ley Org\u00e1nica de la Fiscal\u00eda General para establecer que su titular deber\u00e1 formular un Plan Estrat\u00e9gico de Persecuci\u00f3n Penal y actualizar causales por las cuales podr\u00e1 ser removido por el Gobernador.
El Congreso estima que la elaboraci\u00f3n de un Plan Estrat\u00e9gico de Persecuci\u00f3n Penal permitir\u00e1 tener claridad sobre la estrategia institucional para combatir la criminalidad y la impunidad, al mismo tiempo que fomentar\u00e1 la transparencia, la rendici\u00f3n de cuentas y el pleno respeto a los derechos humanos a trav\u00e9s de criterios determinados, objetivos y metas planteadas.
De igual manera, y con el prop\u00f3sito de garantizar que el actuar de la Instituci\u00f3n se d\u00e9 en forma objetiva y con apego a derecho y, por tanto, se conduzca de manera imparcial en su funci\u00f3n de investigar los delitos y de ejercitar la acci\u00f3n penal, sin que sus decisiones se vean comprometidas por presiones para conducir la justicia hacia alg\u00fan objetivo ileg\u00edtimo, se considera oportuno actualizar los supuestos por las cuales el titular del Poder Ejecutivo pueda remover de su cargo al Fiscal General.
En sesi\u00f3n p\u00fablica extraordinaria, modalidad virtual, diputadas y diputados reformaron el art\u00edculo 14 y adicionaron el art\u00edculo 5 Bis a la Ley Org\u00e1nica de la Fiscal\u00eda General del Estado de Sinaloa.
Durante la discusi\u00f3n del dictamen, a favor del mismo, hablaron los diputados, Marco Antonio Zazueta Zazueta y \u00c9gar Augusto Gonz\u00e1lez Zatarain.
El Art\u00edculo 5 Bis que se adiciona a la Ley Org\u00e1nica de la FGES establece que el Fiscal General formular\u00e1 el Plan Estrat\u00e9gico de Persecuci\u00f3n Penal, considerando las prioridades estatales establecidas en la pol\u00edtica criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y ejercicio de la acci\u00f3n penal y las funciones que deben desempe\u00f1ar las personas que prestan servicios en la instituci\u00f3n; as\u00ed como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, mismo que deber\u00e1 ser aprobado por la mayor\u00eda de los miembros presentes del Congreso del Estado.
El Plan contendr\u00e1 una estrategia de atenci\u00f3n y tr\u00e1mite en la que se deber\u00e1 considerar:
I. Los distintos an\u00e1lisis de la incidencia delictiva;
II. Los diagn\u00f3sticos situacionales;
III. Las estad\u00edsticas de percepci\u00f3n de la violencia en la ciudadan\u00eda;
IV. Los an\u00e1lisis de informaci\u00f3n elaborados por instancias especializadas;
V. Los diagn\u00f3sticos elaborados por organizaciones civiles;
VI. Los informes sobre la situaci\u00f3n de las v\u00edctimas del delito;
VII. Los informes sobre violaciones a los derechos humanos; y
VIII. Los dem\u00e1s instrumentos que sean fuente certera de informaci\u00f3n relacionada con los fen\u00f3menos criminales.
El Plan Estrat\u00e9gico de Persecuci\u00f3n Penal deber\u00e1 presentarse al inicio de la gesti\u00f3n del Fiscal General, quien deber\u00e1 informar anualmente al Congreso del Estado los resultados y modificaciones al mismo, en su caso.
Y con las reformas al art\u00edculo 14, el Fiscal General podr\u00e1 ser removido por el titular del Poder Ejecutivo, por las siguientes causas:
I. Cuando, por deficiencias graves en su actuaci\u00f3n, no se cumplan los objetivos establecidos en el Plan Estrat\u00e9gico de Persecuci\u00f3n Penal;
II. Por abuso o ejercicio indebido del cargo que le corresponde como Fiscal General; as\u00ed como por autorizar indebidamente el no ejercicio o el desistimiento de la acci\u00f3n penal, por s\u00ed o por conducto del servidor en el cual delegue dicha facultad.
III. Por incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante m\u00e1s de seis meses;
IV. Por incurrir en la violaci\u00f3n del deber contemplado en el art\u00edculo 106 del C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales; y
V. Por incurrir en alguna de las faltas administrativas graves de las previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
Emitido este Decreto, entrar\u00e1 en vigor al d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n en el Peri\u00f3dico Oficial \u201cEl Estado de Sinaloa\u201d.
El Fiscal General deber\u00e1 formular el Plan Estrat\u00e9gico de Persecuci\u00f3n Penal dentro de los noventa d\u00edas posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
La Fiscal\u00eda General del Estado, por conducto de su titular, deber\u00e1 hacer las adecuaciones al Reglamento de la Ley Org\u00e1nica de la Fiscal\u00eda General del Estado dentro de los 30 d\u00edas naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
A la Comisi\u00f3n de Puntos Constitucionales y Gobernaci\u00f3n, le fueron turnadas para su estudio y elaboraci\u00f3n de dictamen correspondiente, dos iniciativas: una presentada por el grupo parlamentario de Morena de la presente Sesenta y Tres Legislatura y la segunda por los ciudadanos H\u00e9ctor Javier Garc\u00eda Laija y Ernesto Salda\u00f1a Garc\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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